Empecemos por la palabra, porque la palabra ya contiene el problema. La prensa especializada ha descrito lo ocurrido en el Comando Cibernético de los Estados Unidos como un cluster de suicidios: un racimo, un conglomerado, un término que la epidemiología emplea con toda propiedad para describir la agrupación anómala de casos en el espacio y en el tiempo. Aplicado a hombres, el término hace un trabajo silencioso y perverso: convierte cinco biografías irrepetibles en una anomalía estadística, sugiere contagio donde hay decisiones, y traslada el asunto del terreno donde ocurrió —el de la conciencia de una persona— al terreno donde resulta administrable, que es el de la curva. No son un racimo. Son cinco hombres y mujeres que tenían nombre, oficio, padres, y en varios casos hijos, y que en el intervalo de unas cinco semanas, entre principios de junio y principios de julio de este año, dejaron de poder sostener el peso de estar vivos. El 3 de septiembre, mandos militares comparecerán ante el comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes para dar explicaciones. Conviene que alguien, mientras tanto, formule la pregunta que un comité parlamentario casi nunca está en condiciones de formular, porque no se responde con una partida presupuestaria.
Los hechos institucionales son públicos y bastan para situar el problema. Se trata de personal que sirve directamente en el Comando Cibernético o trabaja estrechamente con él, en un ecosistema pequeño donde todos se conocen; la carga de trabajo se ha multiplicado en el último año a causa de los conflictos exteriores, incluidas las operaciones contra Irán. El comité de la Cámara ha calificado el aumento de las muertes como asunto crítico y el Senado discute con el mando la ampliación de recursos de salud mental. Se sabe también que el problema estaba identificado desde antes: el Congreso ordenó en 2023 un estudio sobre las tensiones psicológicas propias de esta fuerza, y una ley de defensa de 2025 obligó a dotar al Comando de especialistas en salud mental dedicados, incluidos terapeutas con habilitación de seguridad suficiente para escuchar a quien maneja información clasificada. Y hay una cifra que merece quedar grabada, porque describe una jerarquía de valores con más exactitud que cualquier discurso: sobre un presupuesto anual que supera los cuatro mil millones de dólares, la petición de fondos para el sostenimiento humano de los operadores —la solicitud no financiada que elevó su jefe— era de once millones. El Mando de Operaciones Especiales dedica a programas equivalentes en torno a ochenta millones al año. La proporción es el argumento.
Pero el diagnóstico institucional, aunque necesario, se detiene demasiado pronto. Dice: falta personal clínico, faltan habilitaciones, falta un modelo de atención integrada. Todo ello es verdad y todo ello es insuficiente, porque describe como un problema de provisión de servicios lo que es en rigor una privación de otro orden. Lo que a estos hombres les falta no es únicamente un profesional disponible: es la estructura entera que durante milenios permitió a un ser humano hacer lo que la guerra exige y volver después a la mesa de su casa sin quebrarse. Esa estructura tenía cuatro piezas, y este oficio —por su propia naturaleza, no por negligencia de nadie— ha suprimido las cuatro. Vale la pena examinarlas de una en una, porque en su ausencia está la explicación que ninguna comparecencia va a ofrecer.
La primera pieza es el umbral. Toda cultura que ha enviado a sus hijos a combatir ha marcado la frontera con un rito: se parte, se cruza una línea, se está allí, se regresa. El ciclo militar clásico —reconstitución, adiestramiento, despliegue, desmovilización— no es un capricho burocrático, sino la traducción administrativa de una sabiduría antigua: el hombre necesita saber cuándo empieza y cuándo termina de ser quien mata. El operador cibernético está, en la expresión técnica, desplegado en el sitio: pasa dos o tres años realizando operaciones reales sin moverse de la base, y cada noche conduce de vuelta a su casa. A las nueve de la mañana participa en una operación que puede dejar sin energía a una instalación al otro lado del planeta; a las siete de la tarde discute con su hija sobre los deberes. No hay travesía, no hay uniforme que se quite, no hay puerto de llegada. La conciencia, que es lenta y necesita transiciones, se ve obligada a habitar simultáneamente dos mundos incompatibles y sin frontera. Se le pide, en la práctica, ser dos hombres en la misma jornada y ninguno de los dos puede saber del otro.
La segunda pieza es el cuerpo, y aquí está el error antropológico que sostiene todo el edificio. Se ha aceptado tácitamente que una operación conducida por medios digitales es un acto de la inteligencia solamente, un ejercicio técnico sin implicación corpórea y, por tanto, sin residuo moral. Es falso, y lo es en la dirección menos advertida. El hombre no es una mente que gobierna una máquina de carne: es una unidad, y cuanto hace lo hace entero. El soldado que ve el efecto de su acto recibe también, junto con el horror, una medida: hay humo, hay grito, hay herida, hay proporción entre lo que hizo y lo que ocurrió, y esa proporción —terrible como es— permite a la conciencia situar el acto, pesarlo y, con el tiempo, cargarlo. La pantalla no ofrece medida. Entrega una confirmación de ejecución y ninguna imagen; y donde la percepción no aporta límite, es la imaginación la que rellena el hueco, y la imaginación no tiene fondo. El operador no está a salvo del peso de su acto por no haberlo visto: está inerme ante él, porque debe imaginarlo sin poder nunca comprobar si su imaginación exagera o se queda corta. La distancia no purifica el acto; solamente le retira los datos con los que el alma habría podido gobernarlo.
La tercera pieza es la palabra, y es la más gravemente amputada. El hombre es el animal que sana nombrando: se conoce por lo que dice, se descarga por lo que confiesa, se reintegra a la comunidad por el relato de lo que le ha ocurrido. Toda la tradición occidental del cuidado de las almas —desde la confesión sacramental hasta el testimonio del veterano en la sobremesa— descansa en un supuesto tan elemental que nunca se enunció: que existe alguien autorizado a escuchar. El operador cibernético no lo tiene. La habilitación de seguridad, que es legítima y necesaria, le prohíbe describir su trabajo a su esposa, a su hermano, a su amigo de la infancia; y hasta hace muy poco le prohibía también describirlo con precisión al médico y al capellán, porque quien iba a escucharle carecía del nivel de acreditación requerido para oír de qué estaba hablando. Deténgase el lector en esta frase, porque no hay en toda la crónica una revelación mayor: hubo que aprobar una ley para conceder a estos hombres un interlocutor legalmente capaz de oírlos. El derecho a ser escuchado, que ningún moribundo del siglo XII habría necesitado reclamar a nadie, se ha convertido en una partida presupuestaria de once millones de dólares que además quedó sin financiar. Se ha construido una clase de hombres cuya experiencia más honda es jurídicamente indecible, y luego se les ha reprochado, en el lenguaje de los recursos humanos, cierta dificultad de adaptación.
La cuarta pieza es el reconocimiento. La honra militar fue siempre pública, y no por vanidad: la ceremonia, la condecoración, la cicatriz visible y el desfile cumplían una función moral precisa, que era socializar el peso. La comunidad que envía a un hombre a hacer algo terrible en su nombre contrae con él la obligación de cargar públicamente con una parte de ese acto, y el rito era el mecanismo de ese reparto. Aquí no hay nada de eso. No hay cicatriz, no hay parte de guerra, no hay ciudad que aplauda porque la ciudad no sabe ni puede saber. El acto se ejecuta en nombre de todos y su peso queda íntegramente depositado en la conciencia de uno. Es la externalización perfecta: la nación obtiene el beneficio estratégico y el individuo asume, en solitario y sin testigos, el coste moral entero. Ninguna psicología resuelve eso, porque no es un desajuste de la persona: es una injusticia distributiva.
De aquí se sigue lo que este periódico sostendrá en la segunda parte de este estudio, y que conviene anticipar para que no se confunda nuestra tesis con un lamento. No decimos que la guerra cibernética sea ilegítima por ser incorpórea, ni que estos hombres estén condenados por el oficio que eligieron; decir tal cosa sería añadir desesperación a la desesperación, y sería además falso. Decimos que se les ha exigido operar sin las cuatro condiciones que hacen humanamente soportable el uso de la fuerza, y que la respuesta institucional —contratar terapeutas, ampliar habilitaciones, integrar la atención— es correcta pero de un orden inferior al del problema: son medidas de mitigación aplicadas a una privación de sentido. Lo que se les debe, además de los clínicos y antes que ellos, es la restitución de lo que se les quitó: un umbral real que separe la jornada de combate de la vida doméstica; capellanes y médicos habilitados de oficio y no por ley excepcional, para que la herida pueda al menos ser nombrada ante alguien; una doctrina que deje de llamar limpio a lo que sólo es remoto; y una forma pública de honra que reparta el peso, aunque tenga que inventarse desde cero para una guerra que no se puede contar. Nada de esto cuesta cuatro mil millones. Y ninguna de las cinco personas de las que hablamos era un dato: cada una era un mundo entero, irrepetible y de valor incalculable, que ninguna curva epidemiológica alcanza a describir y que ninguna urgencia operativa autorizaba a gastar.
Nota de la redacción: si el lector, o alguien cercano, atraviesa una situación como la descrita, la ayuda profesional existe y es eficaz, y pedirla es un acto de fortaleza y no de rendición. Hay líneas de atención gratuitas y confidenciales en casi todos los países —988 en los Estados Unidos, 024 en España, 135 y 0800 345 1435 en Argentina—, atendidas a toda hora por personas cuyo único oficio es escuchar.
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