La historiografía contemporánea, sometida desde hace tres centurias a los imperativos ideológicos del iluminismo racionalista, la masonería europea y la propaganda geopolítica anglosajona, ha erigido un edificio monumental de falsedades calumniosas con el propósito deliberado de pervertir la memoria civilizatoria de la Hispanidad y vilipendiar las instituciones jurídicas y morales del Antiguo Régimen. Quien examina con rigor filológico, disciplina paleográfica y severidad documental los textos que se imparten en las cátedras universitarias y que nutren la opinión pública mundial advierte de inmediato la presencia de una gigantesca impostura: la llamada Leyenda Negra, aquella sistemática fabricación de embustes tejida originalmente por los libelistas holandeses e ingleses del siglo dieciséis —a partir de libelos como la Apología de Guillermo de Orange— y magnificada dos siglos después por los enciclopedistas franceses para oscurecer la obra política y espiritual más grandiosa de los tiempos modernos. En el centro neurálgico de esta campaña de manipulación psicológica de las masas y deformación histórica se sitúa una comparación apócrifa e invertida entre los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición Española y el advenimiento de la Revolución Francesa de mil setecientos ochenta y nueve, presentándose al primero como el paradigma de la barbarie sanguinaria y el oscurantismo clerical, y a la segunda como la aurora radiante de la libertad, la tolerancia cívica y los derechos humanos. Sin embargo, cuando se rasga el velo de la retórica jacobina y se desciende a la contabilidad implacable de los archivos judiciales del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Castillo de Simancas y del Archivo Secreto Vaticano, la realidad emerge con una contundencia cuantitativa y una superioridad moral que hacen añicos el relato oficial de la modernidad secularizada.

Basta contraponer las cifras documentadas por la moderna paleografía judicial para que el edificio del mito ilustrado se desplome con estrépito sobre sus propios cimientos. Durante los trescientos cincuenta y seis años en que operó el tribunal de la Inquisición Española, desde su instauración en el Reino de Castilla mediante bula pontificia de Sixto Cuarto en mil cuatrocientos setenta y ocho hasta su abolición definitiva en mil ochocientos treinta y cuatro, el número total de ejecuciones capitales en todo el ámbito de la Monarquía Hispánica —incluyendo la Península Ibérica, los dominios mediterráneos e italianos y los inmensos territorios virreinales de ultramar— apenas superó las tres mil personas. Este dato incuestionable ha sido corroborado por el exhaustivo censo historiográfico dirigido por el estudioso danés Gustav Henningsen, director del Archivo de Folclore Danés en Copenhague, en colaboración con el paleógrafo español Jaime Contreras, quienes, tras compulsar cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pleitos procesales conservados entre los años mil quinientos cuarenta y mil setecientos, demostraron que tan solo el uno coma ocho por ciento de los procesos concluyó con sentencia al brazo secular, correspondiendo además un número significativo de ellos a ejecuciones en efigie sobre muñecos de paja cuando el encausado había huido. En agudo y espeluznante contraste, la Revolución Francesa, actuando en nombre de la Razón divinizada, de la soberanía popular y de una abstracta filantropía revolucionaria, masacró en el brevísimo lapso de doce meses —durante el Terror jacobino transcurrido entre mil setecientos noventa y tres y mil setecientos noventa y cuatro— a más de cuarenta mil hombres, mujeres, ancianos y niños en la guillotina y en las ejecuciones sumarias de París y las provincias provinciales. Todo esto sin contar el espantoso exterminio sistemático de más de doscientos mil campesinos católicos y realistas en el genocidio planificado de la Vendée, donde las columnas infernales del general jacobino Louis-Marie Turreau arrasaron comarcas agrarias enteras por el único delito de permanecer fieles a su Dios, a su Iglesia y a su Rey, implementando los tristemente célebres ahogamientos masivos del río Loira en la ciudad de Nantes ordenados por el comisario Jean-Baptiste Carrier. Es decir, que en un solo año de frenesí ideológico y bajo las divisas de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, el iluminismo derramó una cantidad de sangre inocente infinitamente superior a la que el Santo Oficio juzgó en quince generaciones del Imperio Español.