Lo que la administración de Washington acaba de perpetrar contra la Corte Penal Internacional no es una disputa jurídica entre soberanías; es el asalto más desnudo y descarnado contra el principio mismo de que ningún poder terrenal está por encima de la justicia. Al sancionar económicamente a los propios jueces y fiscales de un tribunal internacional por el simple hecho de ejercer sus funciones legítimas, el Gobierno de Estados Unidos ha cruzado una línea que trasciende la política exterior ordinaria: ha declarado, en los hechos, que la impunidad de sus aliados estratégicos es un bien superior al Derecho Natural que funda a cualquier comunidad política genuinamente ordenada al bien común. La situación de los territorios palestinos, en particular de Cisjordania, exige ser nombrada con la honestidad que el análisis serio impone. Las familias que son desplazadas de sus hogares ancestrales, las comunidades cuya vida cotidiana queda sometida al arbitrio de grupos de colonos armados con el respaldo implícito del Estado, son personas humanas concretas. Cada una de ellas es portadora de una dignidad inalienable que ninguna consideración geopolítica puede suprimir. La investigación que la CPI intentaba llevar adelante sobre el financiamiento de esos asentamientos y el suministro de armamento a civiles irregulares no era un acto de hostilidad contra Israel como nación, sino el intento laborioso, lento e imperfecto de la justicia humana por alcanzar a quienes sufren sin nombre ni tribuna. La herramienta elegida por Washington para clausurar esa investigación es especialmente reveladora de su lógica: no el argumento jurídico, sino la sanción financiera. No se refuta la competencia del tribunal con razones, sino que se congela el saldo bancario del juez. Se trata de una táctica de intimidación de manual, aplicada no a criminales de guerra, sino a magistrados internacionales que se atrevieron a hacer su trabajo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, creada históricamente para combatir el lavado de narcos y el financiamiento del terrorismo, es hoy usada como garrote contra una presidenta de tribunal y un fiscal internacional. La inversión funcional es tan grotesca que debería escandalizar transversalmente a cualquier persona con sentido jurídico elemental. El mensaje enviado al resto del mundo es inequívoco: quien se atreva a tocar a los aliados de Washington, quien pretenda aplicar el mismo rasero de la ley a todos los actores sin distinción de su poder geopolítico, será arruinado. No hay diferencia estructural entre esta táctica y la que cualquier régimen autoritario aplica para neutralizar a sus opositores judiciales. La única distinción es la sofisticación del instrumento y la fuerza de las relaciones públicas que lo envuelven. El orden internacional que se construyó con tanta sangre y tanto esfuerzo tras la Segunda Guerra Mundial descansa precisamente sobre la premisa de que existen crímenes tan graves que ninguna soberanía puede reclamar el derecho a cometerlos con impunidad. Hoy ese edificio recibe otro golpe de ariete, y el silencio cómplice de los grandes medios occidentales es tan estruendoso como el propio sancionar. *Nota Legal: El presente análisis crítico se realiza bajo el amparo del Art. 28 (noticias de interés general) y el Art. 10 (derecho de cita) de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina. La obra original y su título pertenecen a su respectivo autor y medio de publicación, citados en esta página.*