La disputa sobre el Estrecho de Ormuz, reducida por gran parte de la prensa occidental a un melodrama de tuits presidenciales y declaraciones altisonantes, encierra en su interior una cuestión de filosofía política de una profundidad que la cobertura superficial sistemáticamente elude: la pregunta sobre quién tiene el derecho de decidir quién pasa por dónde, y en virtud de qué principio. Cuando el presidente de la primera potencia militar del planeta publica en su red social un mapa en el que reclama como 'territorio propio' un estrecho soberano que conecta el comercio energético de una tercera parte de la humanidad, no estamos asistiendo a una extravagancia retórica de un personaje difícil: estamos presenciando la articulación cruda, sin barniz diplomático, de una doctrina que ha operado silenciosamente durante décadas y que ahora ya no se molesta en ocultarse. Esa doctrina postula, en esencia, que la soberanía no es un derecho natural de los pueblos, reconocido por el ordenamiento internacional y fundado en la ley natural, sino un privilegio contingente que se otorga o se retira en función de la utilidad estratégica percibida por las potencias que dominan el sistema financiero y el hardware militar global. Bajo esta lógica, el Estrecho de Ormuz no pertenece a los pueblos ribereños que lo han habitado durante milenios y cuya identidad histórica está indisolublemente ligada a esas aguas; pertenece a quien puede bloquearlo con suficiente fuerza naval y suficiente capacidad de sancionar a los disidentes. El cierre o la restricción del paso marítimo golpea con una dureza desproporcionada no a los contendientes directos, sino a las economías más frágiles del planeta: aquellas naciones del sur global que dependen de ese corredor para importar el combustible que mueve sus hospitales, sus cosechas y sus escuelas. La volatilidad energética generada artificialmente por este conflicto de poder entre Washington y Teherán se traslada en forma de inflación, recorte de servicios públicos y hambre a poblaciones que no tienen ningún voto ni ninguna voz en el conflicto que padecen. Este mecanismo de transferencia del costo es una de las formas más perversas de injusticia estructural que opera en el orden internacional contemporáneo, y conviene señalarlo con toda la claridad que merece. Por su parte, la postura de Irán tampoco puede analizarse con la ingenuidad de quien ve en Teherán simplemente a una víctima pasiva. El régimen iraní ha ejercido durante décadas su propia ingeniería de poder regional, financiando grupos armados, asfixiando a sus propios ciudadanos con una teocracia política que utiliza la religión como pretexto de dominación y perpetuando sus propias formas de violencia sistemática. La crítica al abuso de poder estadounidense no implica ninguna exculpación de los abusos del régimen persa. Lo que sí resulta imprescindible es señalar que la respuesta a un abuso de poder nunca puede ser legitimamente otro abuso de poder de signo contrario; y que resolver geopolíticamente un conflicto de esta envergadura mediante la presión financiera, el bloqueo naval y la humillación pública reemplaza el diálogo por la fuerza bruta, con consecuencias potencialmente catastróficas para la paz del mundo entero. *Nota Legal: El presente análisis crítico se realiza bajo el amparo del Art. 28 (noticias de interés general) y el Art. 10 (derecho de cita) de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual de la República Argentina. La obra original y su título pertenecen a su respectivo autor y medio de publicación, citados en esta página.*