Quien haya sobrevolado de noche el límite de la Zona Económica Exclusiva argentina, a la altura de la célebre milla 201, habrá contemplado un espectáculo que ninguna cancillería se atreve a nombrar con propiedad: una ciudad flotante de cientos de buques poteros, iluminada como una metrópoli, succionando sin pausa el calamar, la merluza negra y cuanto recurso vivo ofrece la plataforma continental más rica del hemisferio sur. Las banderas que enarbolan esas flotas son variadas —asiáticas en su mayoría, europeas algunas—, pero el fenómeno es uno solo: la depredación sistemática de un patrimonio que pertenece, por derecho natural y por título histórico, a la Nación argentina. No se trata de una anécdota pesquera ni de un problema técnico de fiscalización marítima. Se trata del síntoma más visible de una claudicación mayor, la de un país al que se le ha enseñado, durante décadas, a mirar su propio territorio con ojos de gerente de fondo de inversión y no con ojos de padre de familia.
Conviene restablecer, ante todo, el principio que la modernidad tardía se ha esforzado en sepultar: el territorio no es una mercancía. La nación, enseña el pensamiento clásico y cristiano, es una comunidad moral que enlaza a los muertos, a los vivos y a los que aún no han nacido; y los bienes que la Providencia depositó en su suelo y en su mar no son un activo líquido disponible para la generación que transitoriamente los administra, sino un patrimonio ordenado al bien común de todas las generaciones. De allí que la defensa de los recursos naturales no sea una consigna ideológica ni un capricho nacionalista, sino un estricto deber de justicia: justicia conmutativa frente a quienes hoy los saquean, y justicia distributiva —casi diríamos piedad filial invertida— frente a los argentinos del porvenir, que tienen derecho a recibir una patria y no un yacimiento exhausto. El que dilapida o entrega lo que debía transmitir comete, en el orden temporal, un pecado análogo al del administrador infiel del Evangelio.
El caso del litio ilustra con precisión quirúrgica la mecánica del despojo contemporáneo. En los salares del noroeste se concentra una porción decisiva de las reservas mundiales de ese mineral que la liturgia de la "transición energética" ha elevado a la categoría de sacramento. Las mismas potencias y los mismos organismos supranacionales que sermonean a las naciones del sur sobre sus emisiones de carbono exigen, sin sonrojarse, acceso irrestricto y barato al mineral que alimenta sus baterías, sus flotas eléctricas y su reconversión industrial. Y para lubricar la operación se ha acuñado todo un vocabulario de desposesión: se habla de "recursos críticos globales", de "bienes comunes de la humanidad", de "gobernanza de los minerales estratégicos", fórmulas untuosas cuyo contenido real es siempre el mismo: que la soberanía del Estado ribereño o del Estado minero es un arcaísmo negociable, y que la última palabra sobre el subsuelo ajeno debe pronunciarla un directorio tecnocrático sin patria, sin rostro y sin responsabilidad ante pueblo alguno.
Otro tanto ocurre con los hidrocarburos de la plataforma continental, cuya magnitud —confirmada por las exploraciones costa afuera de los últimos años— convierte al Atlántico Sur en uno de los espacios más codiciados del planeta. Y aquí el telón de fondo es ineludible: Malvinas. La persistencia de una potencia extraeuropea ocupando un archipiélago argentino, otorgando licencias pesqueras y petroleras unilaterales sobre aguas en disputa y proyectando desde allí su influencia hacia la Antártida, no es una reliquia decimonónica sino una pieza activa del ajedrez atlántico. La usurpación no se sostiene ya por la fuerza de las armas que la consumó, sino por la mansedumbre de las diplomacias que la administran: gobiernos que reducen la causa nacional a un párrafo protocolar, mientras firman entendimientos que convalidan de hecho la explotación ajena de lo propio. La soberanía rara vez se pierde en una batalla; se pierde, casi siempre, en una sucesión de concesiones presentadas como pragmatismo.
Porque el verdadero adversario no acampa solamente en las flotas extranjeras ni en las cancillerías imperiales: habita también en el alma de nuestras clases dirigentes. Llamamos entreguismo tecnocrático a esa disposición mental que lee el territorio exclusivamente en categorías mercantiles, que traduce el mar en toneladas exportables, el salar en flujo de divisas y la plataforma en garantía de endeudamiento; que acepta como fatalidad los condicionamientos de los organismos de crédito y las agendas regulatorias globales, y que considera cualquier afirmación de soberanía como un ruido que espanta inversiones. Esta mentalidad no es neutral: es una antropología completa, materialista y desarraigada, para la cual la nación no es una herencia sagrada sino una unidad de negocios, un "mercado emergente" cuya función histórica consiste en proveer materias primas baratas y obediencia geopolítica. Frente a ella, el falso dilema entre la autarquía quimérica y la entrega incondicional es una trampa dialéctica: nadie sensato propone cerrar el país al mundo; se propone, simplemente, que el dueño de casa vuelva a comportarse como dueño.
Adviértase que esta defensa nada tiene en común con el ecologismo neopagano de las agendas globales, que diviniza la naturaleza mientras degrada al hombre. La custodia de la creación que profesa la tradición cristiana es de otro linaje: el mar, el suelo y el subsuelo fueron confiados al hombre para su perfeccionamiento y el de su prole, no para la especulación de oligarquías apátridas ni para el museo intocable de una religión climática. Cuidar el caladero austral para que pesquen de él los hijos de nuestros hijos; industrializar el litio en el país en lugar de exportarlo crudo como una colonia resignada; explorar la plataforma con ciencia y capital propios o asociados en condiciones de dignidad: he ahí una ecología verdaderamente humana, subordinada al orden natural y al bien común, y no a los índices de sustentabilidad que redactan los mismos fondos que financian el extractivismo que dicen combatir.
Nada de esto será posible sin una decisión política que hoy no se vislumbra, pero que la historia argentina ha sabido engendrar en horas más oscuras. Recuperar presencia efectiva en el mar —patrullado, ciencia, flota, industria naval—, denunciar con voz firme la depredación de la milla 201 en todos los foros donde la Nación aún tiene asiento, y sustraer los recursos estratégicos a la lógica de la liquidación, no son programas de un partido sino deberes de Estado, anteriores y superiores a toda alternancia electoral. El Atlántico Sur no es la periferia húmeda de un país que termina en la avenida General Paz: es el destino austral de la Argentina y la dote de sus generaciones venideras. Defenderlo es, en el orden temporal, un acto de justicia; en el orden del espíritu, un acto de piedad hacia los que vendrán y de fidelidad hacia Aquel que repartió a cada pueblo su tierra y su mar para que los hiciera fructificar, no para que los dejara saquear.